La zona costera de la Región de Los Lagos es un territorio complejo y dinámico, sujeto a múltiples intereses económicos y políticos. El modelo económico, basado en la utilización intensiva de los recursos naturales y los servicios ecosistémicos para la actividades industriales, ha encontrado en el sur austral de Chile un espacio privilegiado para el desarrollo acuícola, impactando fuertemente en el ambiente y en las dinámicas sociales de los territorios/maritorios de esta zona del país.

En este contexto, la conservación marina se ha venido posicionando como una herramienta de contestación frente a la expansión de estas actividades económicas y de sus impactos en el modo de vida de las personas, orientando la acción colectiva de comunidades indígenas, grupos locales y ONGs hacia el desarrollo de iniciativas de conservación.

De esta manera, la presente investigación se enfoca en analizar el proceso de creación e implementación de los Espacios Costeros Marinos para Pueblos Originarios (ECMPOs), en el marco de la Ley 20.249 o “Ley Lafkenche”, en la Región de Los Lagos y su transición hacia la conservación marina.

Los ECMPOs representan un arreglo institucional de protección de los usos consuetudinarios de los pueblos indígenas asentados en la zona costera que se ha expandido en la región y que son administrados por comunidades locales. Este nuevo fenómeno de uso y conservación de la zona marino-costera del país representa un punto de partida para pensar acerca de las respuestas que los grupos humanos están dando a los procesos de transformación socio-ecológica experimentados en las zonas costeras: las estrategias de acción, las formas de organización, las nuevas prácticas desplegadas y las transformaciones en los usos de los recursos naturales, elementos que en su conjunto proyectan nuevas formas de habitar y de ejercer la gobernanza de la zona marino-costera.

Finalmente, los ECMPOs representan una opción concreta de conservación marina “orientada a las personas”, una alternativa real de inclusión y participación social en las políticas de conservación del país, las que históricamente han sido conducidas de manera centralizada y excluyendo a los actores locales de los procesos de toma de decisiones.

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